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En México, al menos, el 12 por ciento de la población adulta posee alguna criptomoneda, por lo que el país se ubica como la novena nación con la mayor tasa de posesión de estos instrumentos, pese a que no están debidamente regulados y representan un alto riesgo para la inversión.
Incluso, la Condusef emitió recientemente un boletín en el que aclara que la criptomoneda puede usarse para adquirir bienes y servicios, tanto reales como virtuales. Pero, advirtió que este tipo de moneda virtual no está regulada por las autoridades financieras y todas las operaciones realizadas son irrevocables, por ello no existe forma de que los usuarios puedan reclamar, en caso que sospechen que son o han sido víctimas de un fraude o algún quebranto, por un cambio repentino y abrupto en su valor o por la suspensión en su cotización.
En Tijuana, Baja California, ya operan cajeros automáticos para realizar operaciones con Bitcoin y otras monedas digitales.
Y como no es una moneda oficial, las autoridades financieras mexicanas no pueden responder por algún quebranto o cambio significativo en su valor e incluso en otros países, se ha señalado su uso en operaciones ilícitas, como fraude y lavado de dinero.
Por tal motivo, la Condusef alertó que cualquier persona o comercio que utilice o acepte algún tipo de moneda virtual como forma de pago, lo hace bajo su propio riesgo y responsabilidad, ya que el uso de estos activos supone una elevada volatilidad y posibles pérdidas monetarias.
Al respecto, Anselmo Chávez Capó, catedrático de Administración Financiera y Bursátil de la Upaep, dijo que a nivel mundial hay 9 mil 970 criptomonedas, entre las más conocidas están el Bitcoin, el Ethereum, Tether, USCoin y el Binance Coin, que suman el 75 por ciento del valor de capitalización en todas las criptomonedas, y el valor actual de capitalización de esas cinco monedas es de aproximadamente 800 billones de dólares, de un total de 1.06 trillones de dólares del mercado a nivel mundial.
La criptomoneda más conocida y prefereida es el Bitcoin que no es de curso legal; a su vez, así que las instituciones reguladas del sistema financiero mexicano no están autorizadas para usar ni efectuar operaciones con este tipo de medio de pago.
De igual forma, no existe ningún tipo de garantía o regulación que asegure que los consumidores o comercios que adquieran este tipo de activos puedan recuperar su dinero.
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