|
Las empresas de Redes de Transporte (ERT) no podrán
cobrar el servicio en efectivo, deben instalar botones de pánico en las
unidades, aunque los conductores no requerirán tramitar licencia mercantil.
Así quedó establecido, entre otros aspectos, en la
Ley de Transporte del estado de Puebla,
según lo aprobaron los diputados después de realizar arios cambios a la
iniciativa que enviada por el gobernador Antonio Gali, después que en septiembre
se registraron los asesinatos de dos estudiantes en los que estuvieron
involucrados conductores de las firmas Cabify
y Uber.
Según la nueva normativa, los conductores de las aplicaciones
deberán someterse a exámenes
toxicológicos y presentar constancia de no tener antecedentes penales; las autoridades en tanto
pueden tener acceso a los sistemas de geolocalización en caso de ser necesario.
"La reforma tiene un perfil de seguridad, lo
que se busca es privilegiar la tranquilidad y la seguridad de los
usuarios", según declaró el presidente de la Junta de Gobierno del
Congreso de Puebla, Jorge Aguilar.
Uno de los principales cambios que hicieron a la ley
fue eliminar el requisito de licencia mercantil para los conductores de estas
empresas, como Uber y Cabify, tal como se exige a los taxis tradicionales que
circulan en Puebla.
También se eliminó de la iniciativa que las
autoridades tuvieran acceso permanente a los registros y plataformas digitales
de estas empresas; ello después de la crítica por parte de Uber y que amagara
con “irse” de Puebla, pues argumentó que se “invadía” la privacidad de los usuarios
y de los propios conductores.
El servicio que presenten las ERT sólo podrán
cobrarlo de manera electrónica (vía tarjeta de crédito o débito); en este punto
se modificó la redacción y se estableció que es una de las características
fundamentales de este tipo de transporte.
Las unidades que operen con
las ERT deben instalar botones de pánico, para que en caso de que el usuario o
el chofer estén en riesgo y así puedan enviar una señal a un contacto
establecido y a la misma empresa.
La ley contempla que las ERT tienen que “atender todos
los requerimientos de la autoridad competente en razón de seguridad o
investigación, permitiendo el acceso a las tecnologías de teléfonos
inteligentes, sistemas de posicionamiento global y plataformas tecnológicas que
utilicen para la prestación del servicio, en el caso al que se refieren estos
requerimientos, para obtener la información necesaria para desarrollar sus
funciones”.
Al tiempo que las empresas deben actualizar “al menos
una vez al mes” el padrón de sus conductores, lo mismo hará los concesionarios
de transporte público y los taxis tradicionales.
Por consiguiente, las
empresas serán responsables solidarios ante algún accidente o situación ilícita
en la que se vean involucrados los conductores o choferes
Cabe recordar que a
principios de septiembre de este año se registró el homicidio de la estudiante Mara Fernanda
Castilla, de 19
años, a manos de exconductor de Uber que trabajaba para la aplicación rival
Cabify.
A finales del mismo mes, un conductor de Uber fue
arrestado por la muerte de otra estudiante, Mariana
Fuentes, aunque no se encontraba trabajando para la empresa cuando
ocurrió el crimen.
En su momento el gobernador Antonio Gali dijo que
suspendía la operación de Uber, en cuestión de horas dio marcha atrás y optó
por enviar la iniciativa de reforma a la Ley de Transporte.
Mientras tanto desde principios de septiembre fue
totalmente suspendida la empresa española Cabify, y en palabras del mandatario poblano
podrá regresar a operar en el estado si cumple con todos los requisitos que
establece la ley.
CCE apoya
a Uber
Por otra parte, pocas horas antes de que en el
Congreso del Estado se votara la reforma a la ley de transporte, los empresarios
poblanos apoyaron a la empresa de transporte, al señalar que es necesario el
servicio, siempre y cuando se sujeten a la ley.
Carlos Montiel Solana, presidente del Consejo
Coordinador Empresarial incluso proponía que se aceptara el pago en efectivo
(lo cual no prosperó).
Además, hizo un llamado a los diputados para que no
antepusieran sus intereses particulares al de la mayoría, de ahí que mejor
buscaran un mecanismo para garantizar la seguridad del servicio y no se
perdieran fuentes de empleo.
|
