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01/11/2017

Cobro con tarjeta, pero sin licencia mercantil operará Uber

Redacción

Diputados reforman Ley de Transporte de Puebla


Las empresas de Redes de Transporte (ERT) no podrán cobrar el servicio en efectivo, deben instalar botones de pánico en las unidades, aunque los conductores no requerirán tramitar licencia mercantil.

Así quedó establecido, entre otros aspectos, en la Ley de Transporte del estado de Puebla, según lo aprobaron los diputados después de realizar arios cambios a la iniciativa que enviada por el gobernador Antonio Gali, después que en septiembre se registraron los asesinatos de dos estudiantes en los que estuvieron involucrados conductores de las firmas Cabify y Uber.

Según la nueva normativa, los conductores de las aplicaciones deberán someterse a exámenes toxicológicos y presentar constancia de no tener antecedentes penales; las autoridades en tanto pueden tener acceso a los sistemas de geolocalización en caso de ser necesario.

"La reforma tiene un perfil de seguridad, lo que se busca es privilegiar la tranquilidad y la seguridad de los usuarios", según declaró el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Puebla, Jorge Aguilar.

Uno de los principales cambios que hicieron a la ley fue eliminar el requisito de licencia mercantil para los conductores de estas empresas, como Uber y Cabify, tal como se exige a los taxis tradicionales que circulan en Puebla.

También se eliminó de la iniciativa que las autoridades tuvieran acceso permanente a los registros y plataformas digitales de estas empresas; ello después de la crítica por parte de Uber y que amagara con “irse” de Puebla, pues argumentó que se “invadía” la privacidad de los usuarios y de los propios conductores.

El servicio que presenten las ERT sólo podrán cobrarlo de manera electrónica (vía tarjeta de crédito o débito); en este punto se modificó la redacción y se estableció que es una de las características fundamentales de este tipo de transporte.

Las unidades que operen con las ERT deben instalar botones de pánico, para que en caso de que el usuario o el chofer estén en riesgo y así puedan enviar una señal a un contacto establecido y a la misma empresa.

La ley contempla que las ERT tienen que “atender todos los requerimientos de la autoridad competente en razón de seguridad o investigación, permitiendo el acceso a las tecnologías de teléfonos inteligentes, sistemas de posicionamiento global y plataformas tecnológicas que utilicen para la prestación del servicio, en el caso al que se refieren estos requerimientos, para obtener la información necesaria para desarrollar sus funciones”.

Al tiempo que las empresas deben actualizar “al menos una vez al mes” el padrón de sus conductores, lo mismo hará los concesionarios de transporte público y los taxis tradicionales.

Por consiguiente, las empresas serán responsables solidarios ante algún accidente o situación ilícita en la que se vean involucrados los conductores o choferes

Cabe recordar que a principios de septiembre de este año se registró el homicidio de la estudiante Mara Fernanda Castilla, de 19 años, a manos de exconductor de Uber que trabajaba para la aplicación rival Cabify.

A finales del mismo mes, un conductor de Uber fue arrestado por la muerte de otra estudiante, Mariana Fuentes, aunque no se encontraba trabajando para la empresa cuando ocurrió el crimen.

En su momento el gobernador Antonio Gali dijo que suspendía la operación de Uber, en cuestión de horas dio marcha atrás y optó por enviar la iniciativa de reforma a la Ley de Transporte.

Mientras tanto desde principios de septiembre fue totalmente suspendida la empresa española Cabify, y en palabras del mandatario poblano podrá regresar a operar en el estado si cumple con todos los requisitos que establece la ley.

CCE apoya a Uber

Por otra parte, pocas horas antes de que en el Congreso del Estado se votara la reforma a la ley de transporte, los empresarios poblanos apoyaron a la empresa de transporte, al señalar que es necesario el servicio, siempre y cuando se sujeten a la ley.

Carlos Montiel Solana, presidente del Consejo Coordinador Empresarial incluso proponía que se aceptara el pago en efectivo (lo cual no prosperó).

Además, hizo un llamado a los diputados para que no antepusieran sus intereses particulares al de la mayoría, de ahí que mejor buscaran un mecanismo para garantizar la seguridad del servicio y no se perdieran fuentes de empleo.

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