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Al
menos 4 mil 676 servidores públicos no realizan su declaración patrimonial, por
lo que pueden ser destituidos conforme lo establece la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, conocida también como Ley 3de3.
Germán
Reyna y Herrero, socio director de ARH Consultores, indica la falta de una
cultura del blindaje por parte de los servidores públicos a nivel municipal,
estatal o federal, por lo que incurren en violaciones a la ley al no hacer su
declaración.
Con
base en el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema
Penitenciario Estatales 2016, levantado por el Inegi, se aplicaron 15 mil 679
sanciones a los servidores públicos, siendo la omisión de la presentación de la
declaración patrimonial, la primera con un 29.8 por ciento; en tanto la
negligencia administrativa ocupa el segundo lugar con un 15. 9 por ciento por ciento; la tercer sitio es la violación a leyes de normatividad y
presupuestaria con un 14.9 por ciento y el nepotismo con menos del 1 por
ciento.
Mientras
que el 39.1 por ciento restante de los servidores incurre en “otras (faltas) cometidas
con motivo del servicio público”.
El 18
de julio de 2016 entró en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas
(Ley 3 de3), por lo cual los servidores
públicos deben tener un blindaje para prevenir algún delito, como hacer un
diagnóstico de posibles incumplimientos fiscales, la generación de un histórico
de declaraciones anuales hasta 10 años atrás o más, tanto individuales como de
personas con parentesco hasta cuarto grado, así como una estrategia para la
declaración patrimonial y la transparencia en la relación ingresos vs gastos.
En este
sentido, el fiscalista refirió que los principales beneficios de contar con un
blindaje es que los funcionarios públicos pueden proteger su reputación y
calidad moral de sus acciones.
Además validar la transparencia en su declaración patrimonial,
prevenir faltas administrativas por parte del Tribunal de Justicia Administrativa y, por supuesto, evitar créditos fiscales derivados de multas establecidas por la
Auditoría Superior de la Federación.
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