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Los congresos locales de 17 estados aprobaron la reforma constitucional en materia de justicia laboral que transita de juntas de conciliación a juzgados, por lo que en los próximos días será promulgada por el Ejecutivo federal.
Las entidades que han avalado dicha reforma son Quintana Roo, Estado de México, Michoacán, Chihuahua, Sonora, Zacatecas, Coahuila, Nayarit, Tlaxcala, Tamaulipas, Nuevo León, Jalisco, Campeche, Hidalgo, Sinaloa, Aguascalientes y Chiapas.
Esta semana, la Cámara de Diputados hará la notificación formal y enviará el paquete de reformas al presidente de la República para su promulgación y entrada en vigor de las nuevas disposiciones de los artículos 123 y 107 de la Constitución de México.
Alfonso Navarrete Prida, titular de la STPS, dijo que la reforma constitucional tendrá hasta un año de plazo, a partir de su promulgación, para que las juntas de conciliación desaparezcan y los juicios laborales vayan a los juzgados que dependen del Poder Judicial.
Sobre los recursos que se requerirán para implementar el nuevo modelo de justicia laboral, Navarrete Prida comentó que será el Poder Judicial el encargado de fijar el presupuesto que se necesitará para crear el nuevo organismo conciliador y los juzgados en materia laboral.
La reforma constitucional propone la conciliación prejudicial obligatoria y la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, ya que México era el único país en el mundo que conservaba un esquema tripartito en el ámbito administrativo judicial en materia de justicia laboral.
En lo relativo a la conciliación, explicó, quedará a cargo de centros de conciliación "especializados, imparciales y autónomos" y de un organismo descentralizado a nivel federal para el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y de las organizaciones sindicales.
"Esto significa que de manera constitucional se están terminando legislativamente los llamados contratos de protección o la posibilidad de que los recuentos sobre la titularidad de los contratos colectivos de trabajo pudiera estar amañada o pudiera tener vicios de origen que no permitiera que la libertad sindical y las expresiones de la mayoría lo pudieran hacer", concluyó el funcionario federal.
Esta iniciativa fue discutida y aprobada por el Senado de la República, como cámara de origen, el 13 de octubre de 2016, con el voto unánime de todas las fracciones representadas en el Senado, por 99 votos a favor y ninguno en contra.
El 4 de noviembre de 2016, la Cámara de Diputados, en su calidad de cámara revisora, aprobó también, por mayoría calificada, la iniciativa del Ejecutivo Federal en materia de justicia laboral.
Aprobada la Iniciativa por ambas cámaras del Congreso de la Unión, se requería la aprobación de la mayoría de los congresos de los estados, aunque el Congreso de Puebla aún no da entrada a dicha Iniciativa.
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