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27/10/2014

Inspección a industrias fomenta competencia sana

Redacción

Hay empresas responsables y otras que actúan con dolo


Las inspecciones en industrias que lleva a cabo la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente tienen el objetivo de promover un mejor desempeño ambiental de las empresas y una competencia sana entre los actores económicos, no es una actividad que sólo se dedique a castigar a los infractores.

Así lo manifestó Arturo Rodríguez Abitia, subprocurador de Inspección Industrial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), al indicar que en la industria, como en cualquier otra actividad, existen actores que “no son tan responsables” y sobre los cuales se requiere establecer mecanismos rígidos de vigilancia.

Al participar en la novena edición del Congreso Nacional de Ecología y Sustentabilidad de la Cámara Nacional de Fabricantes de Envases Metálicos (Canafem), Rodríguez Abitia explicó que el propósito de la inspección industrial es contribuir a establecer un terreno parejo para la competencia.

“A veces la inspección industrial es mal entendida, cuando en realidad, además de promover un mejor desempeño ambiental de las actividades económicas, es un instrumento que busca sacar de la jugada a aquellos que están utilizando un mal desempeño ambiental como una ventaja competitiva”, apuntó.

Añadió que cuando esto se entiende, la Profepa puede trabajar en mejores condiciones con el sector.

Precisó que las empresas no siempre actúan con mala fe. Sin embargo, el desconocimiento de la legislación en la materia no las exime de su obligación para cumplir con ella y de posibles sanciones.

Cuando existe dolo la situación se complica, y ese fue el caso de Grupo México con el derrame de sustancias tóxicas en Sonora, “muchas minas del país han puesto sus barbas a remojar y se han acercado a la Profepa para recibir orientación, porque saben que las vamos a visitar”, enfatizó.

“Es por eso que en Cananea existe una denuncia penal (desde el 6 de agosto), ya que hubo una decisión consciente de arriesgarse incumpliendo la ley, y en esa decisión fallida se generó un problema ambiental que afectó a más de 25 mil personas; ahí hubo dolo y por lo tanto, elementos para generar un proceso penal”, explicó.

Rodríguez Abitia enfatizó que las acciones de la Profepa están encaminadas a contar con una industria responsable y segura, y subrayó que la dependencia sigue una política de puertas abiertas y teléfonos disponibles para dialogar antes de generar cualquier acto de molestia.

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