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Ante la oposición de las etnias zoque y tzotzil de Chiapas para que empresas extranjeras obtengan los contratos de explotación en la zona petrolera de su territorio, la Secretaría de Energía (Sener) solicitó a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) “excluir las áreas contractuales 10 y 11 de la licitación de la Ronda 2.2, para salvaguardar los derechos e intereses de las comunidades indígenas”.
La Sener llevará a cabo una Consulta Previa, Libre e Informada en las dos comunidades indígenas con el objetivo de establecer “un diálogo intercultural”.
Consulta a etnias
La consulta consistirá en informar las características, alcance e implicaciones del proceso de licitación, así como alcanzar acuerdos y, en su caso, obtener el consentimiento para el desarrollo de las actividades.
Sin embargo, la dependencia federal aclaró que las áreas contractuales 10 y 11, previo consentimiento otorgado por las comunidades indígenas involucradas, podrían incluirse en futuras convocatorias para el desarrollo de actividades de exploración y extracción de hidrocarburos.
Durante el proceso, algunos funcionarios han sido obligados a abandonar las zonas por parte de los pobladores, por lo que se determinó ampliar el plazo para el diálogo en el que se deben desarrollar los procesos de consulta independientemente del calendario de la Ronda 2.2.
Según el calendario oficial de las rondas petroleras, el proceso de visitas y consultas ciudadanas en las áreas contractuales finalizaría originalmente el 7 de julio.
Zona en conflicto
La Ronda 2.2 comprende 84 mil 500 hectáreas en el norte y centro de Chiapas, con el bloque 10 en los municipios Chapultenango y Tecpatán, y el bloque 11 de los municipios Ixtacomitán y Francisco León, con una inversión total estimada de 330 millones de dólares.
Se calcula que se podrían extraer hasta 437.8 millones de barriles de petróleo crudo equivalente de estos bloques. Equivalentes a 218 días del total de producción nacional actual, de confirmarse con más perforación, estima la CNH.
Las comunidades indígenas no sólo se oponen a que las empresas extranjeras exploten la zona petrolera, sino que demandan centros de salud, mejores carreteras y otros servicios de los que carecen los habitantes.
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