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12/5/2021
Redacción
La
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la demanda de acción de
inconstitucionalidad interpuesta por la Comisión Federal de Competencia
Económica (Cofece), en contra de las reformas a la Ley de la Industria
Eléctrica (LIE) promovidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, el máximo tribunal negó la suspensión provisional de dicha norma.
“Se
admite a trámite a trámite la demanda, sin perjuicio de los motivos de improcedencia
que puedan advertirse de manera fehaciente al momento de dictar sentencia. Se
niega la suspensión solicitada por la Comisión Federal de Competencia
Económica”, dijo un acuerdo del ministro Fernando Franco, al admitir el recurso
de acción de inconstitucionalidad.
Hay que
recordar que desde marzo pasado, los jueces federales especializados, Juan
Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Peza López Figueroa, otorgaron más de una
veintena de suspensiones que tienen frenada actualmente la reforma eléctrica
promovida por el presidente López Obrador. Se promovieron por lo menos 53
amparos ante jueces contra dicha normatividad.
El Juez
Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia
Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Rodrigo de la Peza López,
concedió suspensiones definitivas, al considerar que afectan la libre
competencia y concurrencia en el sector energético, además generarían un
impacto negativo al medio ambiente y, finalmente, generan incertidumbre para la
inversión.
Asimismo,
el 8 de abril diversos senadores de oposición presentaron ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación una demanda de acción de
inconstitucionalidad también en contra de las reformas a la Ley de la Industria
Eléctrica.
“El
contenido de la reforma a la LIE se encuentran imposiciones que, aunque
resultan en contradicciones, derivan en violaciones en contra del derecho a la
libre concurrencia en el mercado del que gozan las centrales de energías
limpias”, sostuvo el documento que presentaron.
Cabe
destacar que la reforma energética publicada el 20 de diciembre del 2013,
configuró un nuevo modelo económico, en el que se dispuso que diversas
actividades relacionadas con los hidrocarburos y la energía eléctrica entrarían
al ámbito de la competencia, permitiendo la participación de los particulares.
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