El presidente Enrique Peña Nieto vetó el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como Ley #3de3, por lo que la regresó a la Cámara de origen, el Senado de la República, para su revisión y modificación.
En el artículo 32 de dicha ley, senadores y diputados incluyeron la obligación de presentar la declaración patrimonial, a empresarios y sus empleados, becarios, beneficiarios de asistencia social, pensionados y todas las personas físicas y morales que reciban recursos públicos.
Por ello, el mandatario mexicano solicitó al Congreso de la Unión un periodo extraordinario, para que el Sistema Nacional Anticorrupción pueda ponerse en marcha cuanto antes.
El argumento del presidente para vetar dicha ley es que generaría problemas reales; la operatividad del sistema nacional anticorrupción sería contraria a los derechos humanos previstos en la Constitución.
Además, se afectaría la vida privada y la protección de datos personales de los mexicanos e incluso de extranjeros que no viven en el país, pero trabajan en empresas trasnacionales.
El Senado recibirá de vuelta todo el paquete de leyes anticorrupción, en el cual el Ejecutivo federal realizó observaciones a los artículos 29 y 32 de dicha ley.
El anuncio lo hizo hace unos minutos el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, Humberto Castillejos Cervantes, desde Los Pinos, acompañado por el coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia y vocero del Gobierno Eduardo Sánchez Hernández.
Cabe recordar que el martes de esta semana, en una reunión por la noche efectuada en Los Pinos, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, pidió al presidente Enrique Peña Nieto vetar los artículos 29 y 32.
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