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En un comunicado, la
organización internacional mencionó que desde el pasado 3 de julio fueron
admitidas demandas de amparo en cinco Juzgados de Distrito en contra de la “Ley para Proteger los Derechos Humanos y
que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las
Instituciones Policiales en Puebla”, conocida como “Ley Bala” y promovida por el gobierno de Rafael Moreno Valle.
“En ese momento reconocimos el avance que el Juzgado
Cuarto de Distrito realizó en la defensa y garantía de los derechos humanos a
la libertad de expresión y la de reunión, en virtud de que otorgó la suspensión
provisional de la aplicación de la ley en dos juicios de amparo, señalando que
esa norma no podría ser utilizada por la policía estatal hasta que éstos fueran
resueltos”, refirió Artículo 19.
El texto apunta que el 15 de julio, el mismo juzgado
concedió la suspensión definitiva de la “Ley Bala” hacia las personas que
interpusieron ambos amparos, lo cual imposibilita usar la ley hacia estas
personas.
“Así, el juez ordenó que ‘de ningún modo se haga uso de
la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del estado
de Puebla -cuando se ejerza- el derecho de libertad de expresión, de reunión,
de manifestación o protesta”, precisó.
Agregó que el Frente por
la Libertad de Expresión y la Protesta Social y el Instituto de Derechos
Humanos Ignacio Ellacuría S.J. consideraron que estas decisiones protegen y amplían
los derechos humanos de las personas en Puebla y sientan un precedente.
Explicaron que se pone en el centro del sistema jurídico
a las personas y a sus derechos y no a los intereses de los grupos en el poder
que buscan coartar la libre manifestación de ideas y criminalizar la protesta
social.
En ese contexto, Artículo 19 mencionó el gobierno de
Puebla ejerció la “Ley Bala” la semana pasada, cuando la Policía Estatal
utilizó la fuerza “de manera arbitraria y desproporcionada” en una
manifestación de pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, sobre la autopista
Puebla-Atlixco, quienes exigían que los servicios del Registro Civil fueran
regresados a la comunidad.
“La ‘Ley Bala’,
ya en vigor, sirvió como marco legal de las autoridades y tuvo como resultado
medio centenar de heridos, dentro de los que se encuentra José Luis Tehuatlie
Tamayo (en estado de salud crítico), de tan sólo 13 años y quien sólo caminaba
por el lugar”, recordó la agrupación.
La organización defensora del derecho de la libre expresión
advirtió que seguirán atentos y a la espera de que el resto de los amparos
presentados se resuelvan de manera favorable para proteger los derechos de las
personas.
“Confiamos en que los jueces mantendrán su postura de
protección y garantía de los derechos, resolviendo de la manera más favorable a
las personas y fortaleciendo las libertades de expresión, reunión, asociación
pacífica y protesta”, puntualizó.
Además, exigió que los actos de represión y abuso de la
fuerza en San Bernardino Chalchihuapan, sean investigados y que sus
responsables sean sancionados conforme a la ley.
(Con información de www.proceso.com.mx)
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