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14/05/2024

Tribunal ordena a la FGR archivar investigación contra los Jenkins



Socorro López Espinosa


Un tribunal federal cerró en forma definitiva el caso del presunto lavado de 720 millones de dólares sustraídos a la Fundación Jenkins, pues consideró que la Fiscalía General de la República reabrió ilegalmente este caso con "total desprecio al Estado de derecho".

El Décimo Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México concedió un amparo Juan Carlos Jenkins de Landa y el abogado Carlos Román Hernández, en el que ordena a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) archivar la carpeta de investigación.

El tribunal apuntó que la FGR estaba impedida de reabrir el caso, y calificó las actuaciones de la Fiscalía abiertamente de "arbitrarias".

Por consiguiente, es cancelada la vinculación a proceso dictada a los dos quejosos, quienes desde el 11 de enero pasado llevan su procedimiento en libertad por el delito de lavado de dinero.

También deberán anularse las órdenes de aprehensión giradas por lavado de dinero en contra Roberto, María Elodia, Margarita Jenkins de Landa, Elodia Sofía de Landa Irizar de Jenkins y Juan Guillermo Eustace Jenkins, así como los abogados Virgilio Rincón Salas y Alejandro González Muñoz, quienes hasta ahora se encontraban prófugos de la justicia.

Por unanimidad, el colegiado votó en favor de un proyecto de sentencia del magistrado Carlos López Cruz, quien canceló el acuerdo dictado el 12 de junio de 2020 del entonces subprocurador de Delitos Federales, Juan Ramos López, mediante el que ordenó reabrir la investigación, y quien fue mano derecha del titular de la institución Alejandro Gertz Manero.

Ramos -fallecido en 2023- justificó su decisión en atención a una "vista ministerial" de sus colaboradores, en la que le informaron que el denunciante Guillermo Jenkins pretendía que le reconocieran la calidad de víctima u ofendido en este asunto, que había sido cerrado desde 2018.

Ahora el Décimo Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México determinó que la decisión de reapertura de esta indagatoria es inconstitucional, debido a que sólo la víctima podía pedir ante un juez de control -no ante la FGR- la reapertura de la investigación y, como en este caso no lo hizo, el "carpetazo" quedó firme, de acuerdo con lo publicado este martes por el diario Reforma.

"Sin prejuzgar o analizar los hechos que motivaron esa investigación, la plasmada situación preexistente a favor de los peticionarios, fue arbitrariamente revocada por la autoridad responsable, con la posterior emisión del dictamen de 12 de junio de 2020", dice el Tribunal.

Donación y denuncia

Fue en abril de 2014 cuando la Fundación Mary Street Jenkins donó su patrimonio de 720 millones de dólares a la Fundación Bienestar para la Filantropía, que operaba en Aguascalientes, la cual se dio de baja en México y trasladó su operación a Barbados.

Un año después, en 2015, un despacho de abogados asesores de la familia Jenkins formó en Panamá la Fundación para el Desarrollo Latinoamericano, que fue la beneficiaria del dinero.

En ese año Guillermo Jenkins de Landa denunció el desvío de recursos ante la Junta de Puebla, también denunció a su mamá, a sus hermanos y a otras personas, y en los siguientes años llevó el reclamo ante diversas autoridades, incluido el SAT.

Según Guillermo Jenkins, sus familiares y los abogados se apropiaron del patrimonio de la fundación creada por su abuelo en 1954, mediante una donación simulada en favor de Fundación Bienestar de Filantropía y enviaron recursos a empresas de papel en Barbados y Panamá.

En mayo de 2018, la FGR decretó el no ejercicio de acción penal en la carpeta de investigación contra los Jenkins.

En junio de 2020, cuando Alejandro Gertz ya era titular de la FGR, y Ramos López como subprocurador de Delitos Federales de la FGR, reabrió la carpeta y ordenó varias diligencias, entre ellas, obtener datos sobre el portafolio de inversiones de la Fundación Jenkins en Estados Unidos.

En febrero de 2021, la FGR judicializó la carpeta ante el juez de Almoloya, quien ordenó la aprehensión por lavado de Roberto, María Elodia, Margarita y Juan Carlos Jenkins de Landa, Elodia Sofía de Landa Irízar de Jenkins y Juan Guillermo Eustace Jenkins.

Cabe señalar que Gertz Manero fue rector de la Universidad de las Américas de la Ciudad de México hasta 2018, la cual no tiene relación con la Universidad de las Américas de Puebla (Udlap), pero durante años mantuvo una disputa por los registros de marca. En su momento, Ramos López fue el Abogado General de la UDLA de la CdMx y fungió como su apoderado durante la disputa con la Udlap.

Toma y liberación de la Udlap

En 2021, con la reactivación del caso, la policía del estado de Puebla tomó las instalaciones de la Udlap, pues el gobierno de Miguel Barbosa argumentó malos manejos, fraude a la Junta de Puebla, al tiempo que giró orden de aprehensión en contra del rector Luis Ernesto Derbez.

En octubre de 2021 el juez 24 Civil de la Ciudad de México calificó de “ilícita la intervención propiciada por el gobernador Miguel Barbosa”, por consiguiente dejó sin efecto la toma de la Udlap, ordenó devolver las instalaciones de la Universidad y reinstalar el patronato de la Fundación Jenkins, medida que tuvo efecto en febrero de 2022. 

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