Diversas
organizaciones de escuelas particulares del país rompieron relación con la
secretaría de Economía y se pronunciaron en contra de la norma oficial mexicana
(NOM) que pretende establecer la dependencia federal, ya que ello significa sobrerregulación
del sector, que derivará en “costos adicionales de operación para la educación particular,
además de crear un negocio millonario para unas cuantas empresas certificadoras”.
La Secretaría de
Economía, a través de la Dirección General de Normas, lleva a cabo el proyecto
NOM-237, para ello sostiene desde hace varias semanas reuniones de trabajo con
la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Secretaría de Economía y
el Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía (Cconnse),
así como asesores externos del gobierno.
A dichas mesas de
trabajo han asistido organizaciones representantes de escuelas particulares, como
la Alianza de Colegios Multiculturales de México (Acomm); Alianza para la
Educación Superior (Alpes); Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANFE-ANEP);
Asociación Nacional de Escuelas Preparatorias Particulares Incorporadas a la
SEP (ANEPPI); y la Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP).
Sin embargo, los
dirigentes de dichas organizaciones particulares dijeron que pese a que fueron invitados
a participar en el grupo de trabajo, ha sido limitadas en “su libertad de
expresión”, los representantes gubernamentales “han restringido la posibilidad
de diálogo cuando se expresa algo contrario a lo que es su interés escuchar,
hasta el punto de “expulsar” sin razón o justificación, a representantes de las
escuelas particulares, y haciendo gala del autoritarismo cancelándoles la
transmisión”.
Y es que el objetivo
de la NOM-237 es regular los servicios que brindan las escuelas particulares en
México, para evitar que abusen o efectúen cobros excesivos sin aparente
justificación; sin embargo, lo que hasta ahora se ha propuesto afectará
directamente a los planteles particulares, puede generar corrupción y un negocio
millonario para unas cuantas empresas certificadoras.
Además, porque según
dijeron, la prestación de servicios educativos particulares ya está normada en
la Ley General de Educación (LGE) y la Ley General de Educación Superior
(LEGS), cuyo cumplimiento es responsabilidad de la Secretaría de Educación
Pública (SEP). En consecuencia, la Secretaría de Economía (SE) y la Profeco
carecen de facultades para emitir normas en materia educativa.
Es decir, toda
supervisión y sanciones que cometan las instituciones educativas particulares
están estipuladas en la Ley General de Educación. Por lo tanto, no tienen por
qué duplicar supervisiones ni sanciones a través de una norma emitida por una
autoridad que carece de facultades y que la Ley de Protección al Consumidor le
prohíbe.
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