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El 1 de enero entraron en vigor las nuevas disposiciones fiscales para
combatir a las “factureras; el sector privado deberá cumplir cabalmente las
diversas modificaciones, ya que está considerado como delito grave.
Según establece el decreto, se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; de la Ley de
Seguridad Nacional; del Código Nacional de Procedimientos Penales; del Código
Fiscal de la Federación; y del Código Penal Federal.
El objetivo de los cambios es considerar como delito grave que amerite
la prisión preventiva oficiosa a quien cometa el delito de contrabando y
defraudación fiscal y sus equiparables, así como a quien expida, enajene,
compre o adquiera Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) que
amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Al estar considerado como delito grave, se aplicará prisión preventiva a la persona física o moral que expida, compre o adquiera facturas de empresas fantasma por un monto superior a los 7.8 millones de pesos.
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