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04/12/2019

Iniciativa contra outsourcing criminaliza a empresas y afecta el empleo: IP

Redacción/SLE

Senado frena iniciativa; propone análisis en Parlamento abierto


Sin que existan datos concretos sobre cuántos trabajadores mexicanos están empleados bajo esquemas de subcontratación legal e ilegal, integrantes del Senado de la República intentan aprobar una iniciativa de reforma que limite el outsorcing, lo que propició críticas y la objeción de los organismos empresariales.

De forma extraordinaria y sin la presencia de integrantes de los grupos parlamentarios de oposición las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos se reunieron para aprobar el proyecto de dictamen para modificar la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social que presentó el senador Napoleón Gómez Urrutia; pero unas horas más tarde la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que encabeza Ricardo Monreal solicitó posponer su discusión en el pleno del Senado para que sea analizada a través de un Parlamento abierto.

La decisión tomada en el Senado fue celebrada por líderes de la comunidad empresarial que han insistido en que la aprobación de esta iniciativa tendría efectos negativos para los trabajadores, la productividad y el clima de confianza para las inversiones en el país. 

“Esta iniciativa pone en peligro varios elementos, por ejemplo, suprimir prácticas de negocios comunes en todos los países que utilizan a empresas administradoras integrales de capital humano para que puedan hacerse cargo del personal, del manejo de la nómina, esta iniciativa no solo las prohíbe, sino que las criminaliza”, advierte el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Puntualiza el organismo empresarial que dicha propuesta pone en riesgo la aprobación del T-MEC; empresas perderían atractivo, pues impactaría su competitividad-

"Miles de empresas mexicanas y extranjeras que operan en México lo utilizan, y cientos de empresas dedicadas a la subcontratación lo hacen, dándole beneficios a los trabajadores incluso por encima de la ley", destacó el grupo

Coparmex calificó de “grave error” modificar la regulación de la subcontratación, actualmente en la Ley Federal del Trabajo, pues afecta a las empresas productivas y sostenibles, las cuales utilizan el trabajo bajo el régimen de la subcontratación (outsourcing) y podría inhibir la creación de más empleos y ahuyentar a inversionistas.

Precisó en un comunicado que el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social, en materia de subcontratación y que se encuentra en proceso en el Senado de la República, representa “un grave error”.

Asimismo, la Confederación de Cámaras industriales (Cocamin) señala de “arbitraria” la pretensión de aprobar una reforma legal que prohibiría la subcontratación.

Considera de “unilateral e inconveniente, inadecuada y desproporcionada y de muy graves consecuencias” la intención del Legislativo, pues además “criminaliza las relaciones laborales”, según un comunicado.

La propuesta

La iniciativa propone “diferenciar la subcontratación ilegal y delictiva de los grandes grupos de delincuencia organizada en el país, de aquellos servicios ilícitos que la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social permiten”.

Establece que la subcontratación únicamente podrá realizarse respecto de actividades laborales en las que los trabajadores que el contratista provee exijan de una especialización que resulte ajena o accesoria a la actividad o vocación preponderante o principal de aquella que realice el contratante o beneficiario.

Además prohíbe la substitución patronal o cualquier acto con el fin de que el outsorcing asuma como trabajadores propios a los de una empresa que contrate sus servicios, que una empresa tenga a todos sus trabajadores bajo el esquema de subcontratación y que los trabajadores subcontratados realicen tareas esenciales a la actividad o vocación preponderante del centro de trabajo.

Sugiere aplicar un sistema de gestión para verificar el cumplimiento de los requisitos para la contratación a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Se propone un programa temporal de inmunidad penal para que aquellos contratantes que incurrieron en conductas delictivas en perjuicio de los trabajadores y del Fisco Federal resarzan el daño a cambio de beneficios penales.

El texto del dictamen señala que la subcontratación lícita ocurre cuando una persona provee de trabajadores especializados en actividades que el contratante, no lleva a cabo en tanto se trata de actividades necesarias, pero no las esenciales de su giro.

En la exposición de motivos de esta iniciativa se afirma que su objetivo es incorporar medidas tendientes a que sólo puedan operar empresas de subcontratación de personal que estrictamente se ajusten a los parámetros de la ley y erradicar a quienes operan de manera ilegal.

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