Sin que
existan datos concretos sobre cuántos trabajadores mexicanos están empleados
bajo esquemas de subcontratación legal e ilegal, integrantes del Senado de la
República intentan aprobar una iniciativa de reforma que limite el outsorcing, lo que propició críticas y
la objeción de los organismos empresariales.
De
forma extraordinaria y sin la presencia de integrantes de los grupos
parlamentarios de oposición las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de
Estudios Legislativos se reunieron para aprobar el proyecto de dictamen para
modificar la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social que presentó el
senador Napoleón Gómez Urrutia; pero unas horas más tarde la Junta de
Coordinación Política (Jucopo), que encabeza Ricardo Monreal solicitó posponer
su discusión en el pleno del Senado para que sea analizada a través de un Parlamento
abierto.
La
decisión tomada en el Senado fue celebrada por líderes de la comunidad
empresarial que han insistido en que la aprobación de esta iniciativa tendría
efectos negativos para los trabajadores, la productividad y el clima de
confianza para las inversiones en el país.
“Esta iniciativa pone en peligro varios
elementos, por ejemplo, suprimir prácticas de negocios comunes en todos los
países que utilizan a empresas administradoras integrales de capital humano
para que puedan hacerse cargo del personal, del manejo de la nómina, esta
iniciativa no solo las prohíbe, sino que las criminaliza”, advierte el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Puntualiza el organismo
empresarial que dicha propuesta pone en riesgo la aprobación del T-MEC; empresas
perderían atractivo, pues impactaría su competitividad-
"Miles de empresas mexicanas y extranjeras que operan en
México lo utilizan, y cientos de empresas dedicadas a la subcontratación lo
hacen, dándole beneficios a los trabajadores incluso por encima de la
ley", destacó el grupo
Coparmex
calificó de “grave error” modificar la regulación de la subcontratación,
actualmente en la Ley Federal del Trabajo, pues afecta a las empresas productivas y sostenibles, las
cuales utilizan el trabajo bajo el régimen de la subcontratación (outsourcing)
y podría inhibir la creación de más empleos y
ahuyentar a inversionistas.
Precisó en un comunicado que el proyecto de
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social, en materia
de subcontratación y que se encuentra en proceso en el Senado de la República,
representa “un grave error”.
Asimismo,
la Confederación de Cámaras industriales (Cocamin) señala de “arbitraria” la
pretensión de aprobar una reforma legal que prohibiría la subcontratación.
Considera
de “unilateral e inconveniente, inadecuada y desproporcionada y de muy graves
consecuencias” la intención del Legislativo, pues además “criminaliza las relaciones
laborales”, según un comunicado.
La
propuesta
La
iniciativa propone “diferenciar la subcontratación ilegal y delictiva de los grandes
grupos de delincuencia organizada en el país, de aquellos servicios ilícitos
que la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social permiten”.
Establece
que la subcontratación únicamente podrá realizarse respecto de actividades laborales
en las que los trabajadores que el contratista provee exijan de una
especialización que resulte ajena o accesoria a la actividad o vocación
preponderante o principal de aquella que realice el contratante o beneficiario.
Además
prohíbe la substitución patronal o cualquier acto con el fin de que el outsorcing asuma como trabajadores
propios a los de una empresa que contrate sus servicios, que una empresa tenga
a todos sus trabajadores bajo el esquema de subcontratación y que los
trabajadores subcontratados realicen tareas esenciales a la actividad o
vocación preponderante del centro de trabajo.
Sugiere
aplicar un sistema de gestión para verificar el cumplimiento de los requisitos
para la contratación a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
(STPS).
Se
propone un programa temporal de inmunidad penal para que aquellos contratantes
que incurrieron en conductas delictivas en perjuicio de los trabajadores y del
Fisco Federal resarzan el daño a cambio de beneficios penales.
El
texto del dictamen señala que la subcontratación lícita ocurre cuando una
persona provee de trabajadores especializados en actividades que el
contratante, no lleva a cabo en tanto se trata de actividades necesarias, pero
no las esenciales de su giro.
En la
exposición de motivos de esta iniciativa se afirma que su objetivo es
incorporar medidas tendientes a que sólo puedan operar empresas de
subcontratación de personal que estrictamente se ajusten a los parámetros de la
ley y erradicar a quienes operan de manera ilegal.
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