El
ejecutivo estatal envió al Congreso una iniciativa de reforma al artículo 122
del Código Penal del Estado de Puebla, para otorgar el indulto a presos
políticos y mujeres encarceladas por abortar.
Durante
la sesión de la Comisión Permanente se presentó la el oficio que remitió la
Secretaría de Gobernación, que encabeza Fernando Manzanilla Prieto.
El
acuerdo contempla una reforma al Código Penal para otorgar el indulto a
aquellas personas que fueron encarceladas por causas políticas, bajo revisión
de casos, que sus delitos no sean clasificados graves o se observen violaciones
a los derechos humanos durante la detención.
Nora
Merino Escamilla, diputada local explicó que bajo este proyecto de ley también
se busca liberar a los adultos mayores de 70 años que hayan cumplido con una
cuarta parte de su condena, así como a personas indígenas, cuyos derechos hayan
sido violados.
“Esto
es un tema de indulto, con las atribuciones que tiene como gobernador, y habla
de varios puntos específicos. Uno de los puntos es el de indulto a los presos
políticos, a quienes por causas políticas están en cárcel. Otro de los puntos
que también toca es a los indígenas que están en la cárcel y violaron sus
derechos humanos al ingreso, obviamente, así lo marca la reforma, de acuerdo a
un análisis de los usos y costumbres que tengan el común de la población o el
lugar del que provengan”.
En
entrevista, aclaró que no todas las personas son candidatas a esta figura, por
lo que se hará un análisis minucioso en cada uno de los casos y determinar si
son candidatos para salir de la cárcel.
Comentó
que el proyecto incluye a las mujeres que fueron procesadas por interrumpir su
embarazo y están presas con condenas menores a cinco años.
“Obviamente que de acuerdo con el código penal
en otros artículos se vea como viable, y cuyos derechos hayan sido violados en
el proceso por el que están en la cárcel también serán indultadas y las penas
que tienen son menores de cinco años”.
La
diputada desconoció el número de personas recluidas que podrían salir de la
cárcel bajo este decreto, en tanto la iniciativa fue turnada a la Comisión de
Procuración y Administración de Justicia para que sea votada en el Pleno del
Congreso local.
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