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La
falta de transparencia sobre el título de concesión de agua a la empresa Concesiones
Integrales ha provocado serios daños al municipio de Puebla, al Atoyac y al
medio ambiente, por retraso en la planeación y que
los diferentes actores asumieran su responsabilidad en cuanto al suministro y saneamiento
del agua.
Verónica
Mastretta Guzmán, consejera de la asociación “Dale la Cara al Atoyac”, afirmó
que “la concesión del servicio de agua no es mala en sí misma”; lo negativo es
la opacidad con la que se manejó esta operación y que el gobierno puso en
reserva el título.
La
empresa Concesiones Integrales está obligada a realizar pagos cada mes al
gobierno, efectuar inversiones por más de 3.8 mil millones de pesos, además de
atender el suministro y saneamiento para nueve municipios.
El documento -firmado en 2013 y que el gobierno de Rafael Moreno Valle puso en reserva como “confidencial”
hasta 2023- refleja claramente que el tema del agua debe abordarse de forma
metropolitana; sin embargo, esto no ha sido así, pues las autoridades estatales
y municipales no se han involucrado, o peor aún cobran por un servicio que no
prestan.
De ahí
que la asociación propondrá reuniones con los municipios involucrados y con los
diputados, para revisar el título de concesión, al tiempo que se incorporen en
una propuesta intermunicipal y atender el problema del Atoyac y abasto de agua
para la zona metropolitana.
En
conferencia de prensa, Melanie Gabriel Camacho, presidenta, y Verónica
Mastretta, consejera de “Dale la Cara al Atoyac”, informaron que después de
poco más de un año de litigio, por orden de un juez el Sistema Operador de Agua
Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) les entregó el convenio o título de
concesión del servicio con la empresa Concesiones Integrales, pero lo hizo a
medias, es decir faltan todos los anexos, ante ello el organismo estatal incurriría en desacato.
En los
anexos se contemplan los montos por indemnización en caso de extinción del
acuerdo; información sobre la limpieza del afluente y el tratamiento que se da
a las aguas negras de la zona metropolitana de Puebla; además las tarifas que
deben cobrarse, la integración del fideicomiso, fuentes de origen del agua,
entre otros aspectos.
Recuperación del Atoyac
La
asociación Dale la Cara al Atoyac y la Alianza para la Defensa Ambiental, A.C.,
promovieron el año pasado un juicio de amparo ante el juzgado Tercero Administrativo
en materia Administrativa, bajo el expediente 303/2017, y la semana pasado el
juez federal ordenó la entrega del contrato de la concesión.
El documento
lo obtuvieron dado que el juez, que lleva el caso de unas 40 personas que buscan
la reparación del daño causado al Atoyac, lo consideró una prueba requerida en
el expediente.
Al
revisar el documento, además de múltiples tecnicismos, destacan varios puntos
que resultan preocupantes y otros más confusos.
Por ejemplo,
se establece una “visión metropolitana”, es decir involucra a ocho municipios conurbados
con Puebla, con ciertas responsabilidades respecto al Atoyac y sus afluentes.
Ayuntamientos conurbados cobran y no dan
servicio
Hay
convenios de coordinación entre Soapap y los municipios de Cuautlancingo, San
Pedro Cholula, Amozoc y San Andrés Cholula a
cambio de saneamiento.
De
igual manera se establece la obligación para el saneamiento de las aguas
residuales de Tlaltenango, Juan C. Bonilla. Ocoyucan, Xoxtla y Coronango.
Sin
embargo, los municipios cobran saneamiento, pero no prestan el servicio y
tampoco pagan nada a Puebla o al SOAPAP por uso de infraestructura y del agua.
San
Andrés Cholula, por ejemplo, permite nuevos fraccionamientos y cobra por el
saneamiento cuando no brinda este servicio.
Dejan a
la empresa la responsabilidad de la limpieza de aguas negras y usan la tecnología
que de inicio se pensó sólo para la capital poblana.
Según
el documento, Ocoyucan tiene la responsabilidad de sanear aguas y no lo hace, y
es donde ha de crecido el desarrollo inmobiliario de Lomas de Angelópolis.
"No
se vale que los desarrolladores inmobiliarios se estén colgando, que estén
esperando que alguien les resuelva", comentó, Verónica Mastretta.
En
términos generales, el documento indica que la empresa debe proporcionar los
servicios, operar, conservar, administrar y mantener la infraestructura, así
como ampliar los activos existentes.
Mientras
que el fideicomiso deben integrarlo dos personas de SOAPAP, dos de la empresa y
también de uno de los acreedores.
También
hay aspectos preocupantes, como el que se contempla la posibilidad de que se
agote el agua o que desaparezca la empresa dejando sin operación a la zona
metropolitana.
Contempla
que la concesión podría terminarse por “agentes de desequilibrio”, como puede
ser cambios gubernamentales inesperados, y la falta de fuentes de agua para el
abasto.
“Eso si
me alarmó muchísimo porque ya están reconociendo de manera enfática que el
escenario de que no haya agua es real, puede darse y por eso la empresa ya no
puede de seguir”, aseguró Mastretta Guzmán.
Por ello,
dijo Melanie Gabriel, como parte de la reparación del daño causado al Atoyac y
proteger el recurso del agua, pretenden reunirse con los presidentes municipales
entrantes y con los diputados locales para establecer una mesa de trabajo, que
dé lugar a un organismo intermunicipal sobre este tema.
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