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Gerardo Barrera Bojorges fue designado nuevo delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en el estado de Puebla, quien tiene una trayectoria de 26 años en la dependencia federal.
Mediante un escueto comunicado la Profepa informó sobre el cambio de funcionario, y que Barrera Bojorges rindió protesta ante el titular de la Profepa, Guillermo Haro Bélchez, sin mencionar las razones por las que fue sustituida Laura Zapata, quien durante los 16 meses que estuvo en el cargo no tuvo una destacada actividad, aunque sí fue cuestionada de autorizar sin justificación la tala de una zona boscosa a favor de una inmobiliaria en la capital del estado de Puebla.
Incluso, apenas el pasado 14 de junio, el Juzgado Segundo de lo Civil ordenó a la ahora exfuncionaria federal, Laura Zapata, a entregar un informe en el que justificara su autorización para la tala.
Destaca que en varias ocasiones desde que asumió el cargo (16 de febrero de 2016 y hasta junio de 2017) varias organizaciones ambientalistas acusaron a la entonces delegada de Profepa, Laura Zapata, junto con la actual delegada de la Semarnat, Daniela Migoya Mastretta de estar “coludidas”, con inmobiliarias, empresas constructoras y hasta con mineras para autorizar tala de zonas boscosas y hasta el cambio de uso de suelo de zonas protegidas para dar paso a desarrollo urbanos.
El nuevo delegado de Profepa en Puebla, Mario Barrera es licenciado en Biología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Se desempeñaba como director de Inspección en la Dirección General de Inspección de Fuentes de Contaminación de la Subprocuraduría de Inspección Industrial, donde dirigió y coordinó las visitas de inspección en materia de prevención y control de contaminación, residuos peligrosos, contaminación de suelos y descargas de aguas residuales a cuerpos de aguas nacionales.
Revisó y analizó las manifestaciones de impacto ambiental, estudios de riesgo, programas para la prevención de accidentes y las autorizaciones expedidas por Semarnat, que presentan las empresas para dar cumplimientos a las obligaciones que están establecidas en el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
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