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14/7/2014
En Puebla no hay negociación política, mucho
menos diálogo. No hay interés de ejercer la política. Los hechos ocurridos la
semana pasada en Puebla, en los que la policía estatal utilizó balas de goma,
con un saldo de varios heridos, para repeler una manifestación, son muestra de
la mano dura con la que se ejerce el poder, que dista mucho de gobernar.
Es cierto que es una violación a la ley y se afectan
derechos de terceros bloquear vías de comunicación; también lo es que hay mejores formas de evitar dichos bloqueos o dispersarlos.
Es obvio que el actuar de funcionarios y de las
fuerzas policíacas tienen el visto bueno de quien ejerce el poder en el estado,
pero quienes están al frente de tales decisiones y acciones son los titulares
de las dependencias respectivas, así que en caso de una queja o denuncia formal
se va sobre estos personajes y no sobre quien está al frente del poder, es
decir del gobierno.
Además, el mismo mandatario poblano van dos
ocasiones en las que se librera de lo sucedido.
Una, cuando el homicidio de Karla López Albert
no era solucionado después de un mes de ocurrido, el gobernador Rafael Moreno
Valle dijo “¿Qué más puedo hacer?”
Y dos, la semana pasada ante actuar de la
policía (con gases lacrimógenos, balas de goma) en contra de los manifestantes
de Chalchihuapan, el gobernador ahora dice: "ellos (los
manifestantes) son los que están violando el Estado de Derecho".
Con tales declaraciones, aunado a quiénes están
al frente de tales operativos, es obvio que difícilmente puede señalarse
legalmente al gobernador de ser el responsable de dichas acciones en contra de
la población.
Puede estar justificado retirar el Registro
Civil a las presidencias municipales auxiliares y que esté bajo el control del
Estado, pues se ha detectado que en esas poblaciones es donde más se expiden
documentos apócrifos -actas de nacimiento- a inmigrantes centroamericanos ilegales,
que se registran como mexicanos y así se pueden quedar en México o incluso
migrar a Estados Unidos.
Sin embargo, el gobierno estatal falló en lo
aplicar una estrategia para informar sobre ese retiro del Registro Civil (pues
la ley fue aprobada a finales de 2013).
También falló el gobierno estatal en no haber
preparado todo el operativo y estructura para dar ese servicio del Registro
Civil en las más de 600 juntas auxiliares en el estado de Puebla.
Dejó pasar más de seis meses y al entrar en
vigor el retiro de dicho servicio no se hizo esperar la queja de los habitantes
de dichas localidades.
Se les obliga a los pobladores a trasladarse a
la Presidencia Municipal que le corresponda o hasta la misma capital poblana
para que acudan a registrar a niños, jóvenes o adultos; gestionar matrimonios
civiles o actas de defunción.
Pero ni en dichas oficinas centrales están preparadas,
con equipo y personal, para atender a decenas, cientos de personas que
requieren efectuar un trámite civil.
Esos traslados significan varias horas de viaje
y un gasto económico elevado para la mayoría de personas que son de escasos
recursos.
La única “concesión” que hizo el gobierno
estatal fue que durante el segundo semestre de este 2014 todas las actas de
nacimiento de niños menores de cinco años serían gratis. Nada más.
El gobierno lo único que previó fue la
inconformidad que generaría la medida de
ahí su urgencia porque fuera aprobada, hace un mes, la conocida “Ley Bala”, en la que precisamente se le
da facultades a las fuerzas policiacas de actuar en contra de la población con
toda la fuerza, que incluye balas de goma.
Así que en Puebla el estado opta por la fuerza
pública en lugar del diálogo, de gobernar, de ejercer la política.
Y en medio de todo esto hay un silencio
cómplice de los organismos que se dicen “representantes de la sociedad”, que se
dicen “intermediarios de la sociedad”, como el Consejo Coordinador Empresarial
y otras cámaras empresariales, agrupaciones civiles como Actívate x Puebla, y
hasta las agrupaciones que se dicen “de
izquierda”.
Ninguna persona u organismo ha salido a cuestionar
el actuar de la policía; la falta de
preparación de los uniformados para contener y dispersar una manifestación.
En Puebla impera la ley del garrote.
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