21/6/2023
En días
pasados se dio a conocer el dato de la inversión fija bruta a marzo. Esta
creció a una tasa de 0.5% con respecto a febrero y 8.8% con respecto al mismo
mes del año anterior. La inversión es fundamental para analizar la economía
tanto porque es el componente de la demanda agregada que más fluctúa -y que por
tanto permite analizar los ciclos económicos- y segundo porque es el componente
que más incide en el crecimiento de largo plazo, pues explica el crecimiento
del acervo de capital que, en conjunto con la productividad, determinan la tasa
de crecimiento potencial del PIB per cápita.
Ciertamente
se registró un buen crecimiento en el mes de marzo, pero vale la pena
preguntarse cómo está la inversión desde una perspectiva más amplia. Con la
publicación de este nuevo dato, la inversión fija bruta se encuentra 2.1% por
debajo del nivel de enero de 2019, cuando iniciaba esta administración. Esto es
sin duda preocupante porque el que la inversión no haya crecido en más de
cuatro años resultará en un menor crecimiento económico en el futuro.
Creo
que hay dos factores principales que explican este mal comportamiento de la
inversión. El primero es que algunas políticas públicas han generado incertidumbre
entre los inversionistas dejando la impresión de que los contratos no
necesariamente se respetan y que las reglas del juego pueden cambiar
arbitrariamente después de realizadas las inversiones. Esto ha ocurrido sobre
todo en el sector energético. El segundo factor es que estamos, desde hace ya
más de un año, en un entorno de tasas de interés reales restrictivas. Uno de
los determinantes más importantes de la inversión es la tasa de interés:
mientras mayor sea, menor será la inversión que realicen las empresas.
Ahora
bien, es importante señalar que esta debilidad de la inversión comenzó desde la
administración anterior, primero con una disminución de la inversión pública y
después porque la elección presidencial en Estados Unidos en 2016 trajo elevada
incertidumbre en torno al futuro del Tratado de Libre Comercio, resultando en
un estancamiento de la inversión privada. Lo anterior ha significado que la
inversión total en el país haya pasado de un 22.2% del PIB en 2012 al 19.1%
(16.5% privada y 2.6% pública) al cierre del 2022. De la inversión que se lleva
a cabo en México aproximadamente 88% es nacional y 12% proviene del exterior.
Para que el país logre aumentar el crecimiento potencial a niveles que permitan
reducir la pobreza de forma relevante se requiere que la inversión sea de al
menos 25% del PIB. Países como Singapur, Taiwán y Corea del Sur, que en el
último medio siglo lograron pasar de economías emergentes a desarrolladas,
tuvieron en promedio tasas de inversión mayores al 25% por varias décadas.
Si
analizamos el comportamiento de la inversión por componentes en los últimos
años emerge un patrón interesante. Como ya mencioné, la inversión total se
encuentra 2.1% por debajo del nivel que tenía al inicio de esta administración.
Pero sus componentes han tenido trayectorias muy distintas: mientras que la
construcción está 12.5% por debajo del mencionado nivel, la adquisición de
maquinaria y equipo nacional registró un alza de 6.5% y de 16.4% en el caso de
las importaciones con una aceleración notable en los dos últimos años.
Creo
que esto es una señal de que el nearshoring
o la relocalización están empezando a tener efectos en el país. Pero el que
tanto la construcción (que incluye construcción de plantas nuevas) como la
inversión extranjera directa -como expliqué en mi anterior artículo- no hayan
aumentado, sugiere que los inversionistas, extranjeros y nacionales, que ya
están operando en el país y que saben navegar mejor el actual entorno político,
son quienes más se animan a invertir (adquiriendo bienes de capital) y a
expandir su producción aprovechando más intensivamente sus plantas existentes,
mientras que aquellos que aún no tienen presencia en el país tienen dudas para
hacerlo. Para realmente aumentar el nivel de inversión del país, hay que
disipar esas dudas: dar mayor certidumbre, fortaleciendo el Estado de Derecho.
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