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21/3/2023
En
febrero de 2023, el Fondo Monetario Internacional publicó una nota de discusión
sobre la percepción pública de algunas políticas de mitigación climática a
población de varios países: 30 mil encuestas entre 28 países, incluyendo México
en donde se encuestaron a 1,009 personas. Las encuestas se realizaron on-line
entre el 5 de julio y 11 de agosto del 2022. Se indica que los resultados
agregados son representativos con respecto de la edad, el sexo, la educación y
los perfiles regionales de cada país, así como el empleo y el nivel
socioeconómico de la población. La presente nota muestra los principales
resultados de la población encuestada en México.
1.
México entre los países con mayor porcentaje de personas que piensan que el
cambio climático es un problema grave (93%) que los afecta actualmente (61%)
Una de
las preguntas de la encuesta tenía la intención de conocer la percepción de la
población sobre la gravedad del cambio climático y, pese a que más de la mitad
de la población en todos los países encuestados opinan que el cambio climático
es un problema grave (“muy grave" o " bastante grave"), la
mayoría no consideran que les esté afectando actualmente a su persona ni a su
familia.
En lo
que respecta a México, es uno de los 5 países con mayor porcentaje de personas
(93%) que consideró que el cambio climático es un problema “grave”, por encima
de Japón, India e Indonesia, países con relativo alto índice de riesgo
climático 2019 (Eckstein, Künzel y Schäfer, 2021). Este índice describe el nivel
de exposición y la vulnerabilidad que los países tienen a los fenómenos
climáticos extremos y refleja los impactos directos (pérdidas directas en
millones de dólares y porcentaje del Producto Interno Bruto y fallecimientos)
causados por estos tipos de fenómenos.
Pese a
que 9 de 10 encuestados de México consideraron que el cambio climático es
“grave”, sólo 6 de 10 indicaron que éste los está afectando actualmente tanto a
ellos como a sus familias (lo que lo pone dentro de los primeros tres países
con mayor proporción), lo anterior, pese a que México está en el ranking 54 del
índice de riesgo climático 2019, de entre 182 países (y en el ranking 59,
considerado impactos entre el año 2000 y 2019).
En el
reporte del Fondo Monetario Internacional, se encuentra que de manera general
el ingreso de los hogares no tiene correlación con la preocupación climática;
sin embargo, México es uno de los países donde esto no ocurre, es decir, existe
mayor preocupación entre las personas que viven en hogares con ingreso medio,
respecto de los de ingreso bajo.
2. Sólo
el 16% de las personas en México habían oído hablar de los impuestos al
carbono, 18% del comercio de emisiones, 61% de la regulación para limitar
emisiones y 64% de los subsidios a energías renovables.
Antes
de conocer la percepción positiva o negativa que tienen los encuestados
respecto de algunas políticas contra el cambio climático como son: 1) Impuestos
al carbono; 2) Sistemas de tope y comercio (cap-and-trade) o de comercio de
emisiones; 3) Leyes y reglamentos que limitan las emisiones de carbón; y 4)
Subsidios las fuentes de energía renovables, se indagó si habían oído hablar
anteriormente de estas políticas. Sólo el 16% de los encuestados en México
había oído hablar del impuesto al carbono (lugar 25 de 28), 18% del comercio de
emisiones (lugar 24), 61% de la regulación para limitar emisiones (lugar 22) y
64% de los subsidios (lugar 20).
Estos
resultados contrastan con el anterior, toda vez que se observa una alta
difusión sobre la problemática del cambio climático; aunque, hace falta
divulgar acciones que se utilizan o se podrían utilizar para mitigar o
controlarlo. Por ejemplo, desde 2014, con el impuesto especial sobre la
producción y los servicios (IEPS), se empezó a gravar el contenido de carbono
en los combustibles fósiles, con la intención de desincentivar el consumo de
combustibles y contribuir a mitigar las emisiones nacionales de gases de efecto
invernadero (Semarnat, 2016). Por otra parte, México ha financiado proyectos
sustentables, de energía eléctrica, bonos verdes, así como la emisión de
Certificados de Energía Limpia, y subastas de energía eléctrica y mercado de
carbono (INECC, 2018).
3. El
56% de los encuestados en México apoyan para que se lleven a cabo regulaciones
para limitar las emisiones, 58% apoyan para la implementación de precios al
carbono y 69% a los subsidios a tecnologías bajas en carbono o renovables
En lo
que respecta de las políticas contra el cambio climático, considerando todos
los impactos, el 56% de los encuestados en México apoyan para que se lleven a
cabo regulaciones para limitar las emisiones; 58% apoyan para la implementación
de precios al carbono; y el 69% a los subsidios a tecnologías bajas en carbono
o renovables (subsidiar tecnologías). Estas respuestas ponen a los encuestados
dentro de los primeros siete países que apoyan este tipo de propuestas.
Si se
consideran respuestas a preguntas sobre los costos y beneficios sobre las
implicaciones distributivas de la tarificación del carbono, alrededor de la
mitad de los encuestados en México opinó que los hogares de ingresos bajos
(48%) y medios (49%) perderían, el 50% opinó que podrían generar precios más
altos y el 54% que los negocios pequeños podrían perder con esta política.
Mientras que el 44% respondió que mejoraría la calidad del aíre y el 37% que
habría más inversión en renovables.
En lo
que respecta de quiénes deberían de pagar por la emisión de carbono, el 71% de
los encuestados en México indicó que todos los países (lugar cinco de entre 28
países) y el 23% que sólo países ricos (lugar nueve).
El 54%
de los encuestados opinó que los países deberían de pagar para reducir las
emisiones de carbono en función de sus niveles de emisiones actuales y el 38%
en base a sus niveles históricos acumulados.
Finalmente,
como se observa, aunque hay avances en la difusión con respecto de los impactos
del cambio climático, no todos los encuestados consideraron que estuvieran
teniendo impactos inmediatos. Por otro lado, con base en el punto 2, se puede
ver un desconocimiento relativo, con respecto de otros países, sobre el
conocimiento general de políticas o
acciones que se podrían aplicar (o se están aplicando) contra el cambio
climático, así como incertidumbre negativa respecto de algunos impactos que
pudieran tener la implementación de estas políticas.
Por
ello, se considera relevante que el sector público y el privado difundan las
acciones en las que la sociedad está participando o participaría (pagando o
sacrificando consumo) para que, no solo se alineen los incentivos, sino también
la sociedad tenga herramientas adicionales para contribuir contra el cambio
climático.
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