2/12/2022
Ante el
importante aumento de los precios globales del petróleo y, por tanto, de las
gasolinas, el gobierno mexicano decidió no traspasar este costo a los
consumidores subsidiando su precio. Primero dejando de recaudar el impuesto
especial (IEPS) a los combustibles y después aplicando incluso una tasa
negativa a dicho gravamen. La Secretaría de Hacienda estima que este año el
costo de subsidiar las gasolinas será de 397,600 millones de pesos que
equivalen a alrededor de 1.4% del PIB, los cuales serán cubiertos por el
excedente de los ingresos petroleros resultante de que el precio de la mezcla
mexicana ha sido significativamente mayor al proyectado en el presupuesto de
este año.
De no
haber sido por esta política, la tasa de inflación de este año hubiese sido al
menos dos puntos porcentuales más alta. Ello muy posiblemente hubiese llevado
al Banco de México a apretar todavía más la política monetaria, resultando en
un menor crecimiento económico. Dicho lo anterior, subsidiar las gasolinas no
es una buena política pública.
En
primer lugar, porque es una política sumamente regresiva: 28% del total
recaudado por IEPS a combustibles es pagado por la población que se ubica en el
decil de mayores ingresos, mientras que quienes integran el decil más bajo
pagan solamente el 2%. Es decir, dejar de cobrar (e incluso subsidiar) el IEPS
para contener el alza de las gasolinas beneficia desproporcionadamente a las personas
más ricas.
¿En
realidad se puede pensar que es una buena idea utilizar escasos recursos
fiscales para subsidiar a quienes llenan el tanque de sus camionetas de lujo?
Desde un punto de vista de política pública, sería mejor destinar esos recursos
a apoyar a la población de menores ingresos para mitigar el impacto del aumento
en los precios de estos energéticos en su nivel de vida.
En
segundo lugar, porque el subsidio impide la creación de incentivos para reducir
el uso de energías contaminantes, lo que de otra manera podría contribuir a
reducir el calentamiento global. La evidencia de países avanzados muestra que
cuando aumenta el precio de las gasolinas, disminuye el uso del automóvil o
aumenta la demanda por vehículos híbridos o eléctricos o del transporte
público.
Ahora
bien, desde una perspectiva de economía política, hay que reconocer que, en un
gran número de países, los aumentos significativos en los precios de los
combustibles han resultado en importantes protestas sociales. Hemos visto
ministros de Hacienda perder sus trabajos por permitir ajustes importantes en
el precio de las gasolinas. Hay que recordar las protestas que estallaron en
nuestro país tras los aumentos de 2017, aun tratándose de una política
necesaria, adecuada y progresiva, así como lo sucedido con los “chalecos
amarillos” en Francia. Para las clases medias es complicado protegerse ante la
variabilidad en los precios, por lo que muchos países intentan impedir aumentos
significativos en los combustibles. Incluso Estados Unidos, con su mayor
orientación al libre mercado, lo consideró este año.
Por
todo lo anterior creo que se deben considerar alternativas de política que no
impliquen subsidiar las gasolinas por sus mencionados efectos distribucionales
y ambientales negativos, pero que busquen disminuir aumentos importantes.
Una
forma de hacerlo sería comparar cada año el precio de la gasolina contra el
promedio de los 10 años anteriores: cuando el precio observado se ubique por
debajo, no se debería subsidiar el cobro del IEPS destinando dichos ingresos
fiscales a un fondo que permitiera no aumentar los precios cuando estos suban
por encima del promedio mencionado. Desde luego que podría haber ocasiones en
que el fondo no sea suficiente para impedir un aumento, pero en la mayoría de las
ocasiones se podría suavizar la fluctuación en los precios del combustible.
Una
solución como ésta permitiría no incurrir en una mala política pública,
reconociendo al mismo tiempo las restricciones que imponen las realidades
políticas.
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