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21/9/2022
La
semana pasada la Secretaría de Hacienda presentó a la Cámara de Diputados el
paquete fiscal para el año entrante. Se trata del quinto presupuesto que
presenta esta administración y mi valoración es similar a las anteriores: en
términos macroeconómicos es positivo que se proponga un equilibrio fiscal que
mantenga la deuda pública como porcentaje del PIB en niveles relativamente
bajos y estables, aunque en términos microeconómicos una parte significativa
del gasto se destine a proyectos que tendrán poca o nula rentabilidad económica
y social y que persistan las reducciones en rubros que debilitan todavía más la
capacidad operativa del Estado Mexicano, en particular en salud y educación.
Los
supuestos sobre los que se diseñó este paquete parecieran ser muy optimistas.
En particular, la previsión de crecimiento de 3% para 2023 es muy elevada
comparada a la de analistas privados u organismos multilaterales, que apuntan a
algo más cercano al 1%. Sucede lo mismo con la plataforma de producción
petrolera que se estima en 1.87 millones de barriles diarios cuando la
producción actual es de 1.62 millones y no se han anunciado descubrimientos de
yacimientos que pudieran incrementar la producción en esa proporción.
Si se
mantienen los niveles de producción actuales los ingresos petroleros serán
menores a lo presupuestado. Esto puede ser compensado parcialmente por el hecho
de que el pronóstico del precio del petróleo se fijó en 68.7 dólares por
barril, un nivel conservador tomando en cuenta que el mercado estima que terminará
el año 2023 en alrededor de 80 dólares por barril.
Me
parece también optimista asumir que las tasas de interés llegarán a 9.5% a fin
de este año y que bajarán a 8.5% a finales de 2023. Creo que al cierre de 2022
las tasas llegarán hasta 10% y que el año que viene cerrarían en 9%. Mientras
más alta resulte ser la tasa de interés, mayores serán las erogaciones por
concepto de servicio de la deuda y mayor el déficit.
Por lo
anterior, me parece que es muy factible que los ingresos públicos en 2023 sean
menores a los estimados. Esto presentará una disyuntiva al gobierno: o se
reduce el gasto de forma que se pueda cumplir el objetivo de déficit o se
contrata más deuda para financiar ese mayor déficit.
Ninguna
opción será deseable: recortar el gasto resultará en mayores carencias en
sectores como educación o salud, mientras que aumentar la deuda para financiar
un déficit mayor al planeado resultará en pérdida de credibilidad.
Ahora
bien, aun en el caso en que se decida tener un mayor déficit, ello no implicaría
un aumento preocupante en la deuda pública. El gobierno estima que, bajo los
supuestos ya comentados, la deuda como porcentaje del PIB cerraría el año
entrante en 49.4%.
Estimo
que, si el crecimiento es de 1%, la producción petrolera no crece y los precios
del barril de petróleo se ubican en lo que espera el gobierno (para utilizar el
pronóstico más conservador), el cociente deuda a PIB podría ser de 51%. Esto es
un nivel bajo comparado a otras economías emergentes comparables y consistentes
con la calificación crediticia que hoy tiene México.
Por
ello, me parece que están las condiciones para que el país pueda llegar al
final de este sexenio sin un desanclaje fiscal y conservando el grado de
inversión.
Sin
embargo, la próxima administración necesitará aumentar la recaudación; al mismo
tiempo, sería deseable hacer algunos cambios al marco fiscal para mitigar los
problemas que pueden darse cuando el entorno económico resulta distinto al
pronosticado al momento de diseñar el paquete fiscal.
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