17/8/2022
De
acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera del Inegi, en 2021 en
México el 90% de los pagos por hasta 500 pesos (pagos “cotidianos”) y el 78% de
las transacciones por montos superiores se realizaron en efectivo. Esto supone
un avance con respecto a 2018 (95% y 87%, respectivamente) gracias al mayor uso
de medios alternativos; pero, el efectivo continúa siendo, por mucho, el medio
de pago preferido por los mexicanos.
La extrema
dependencia en el efectivo se relaciona con los bajos niveles de inclusión
financiera y con el alto grado de informalidad de la economía mexicana: sólo el
67.8% de los adultos tenía algún producto financiero formal en 2021, mientras
que a inicios de 2022 más de la mitad de los trabajadores se ubicaba en la
informalidad con empleos precarios, de baja productividad, sin acceso a la
seguridad social, con remuneraciones en efectivo en su absoluta mayoría y en
donde la falta de estabilidad y de ingresos comprobables se combinan para
dificultar el acceso a los servicios financieros formales.
Se
tiene así un círculo vicioso de exclusión financiera, ineficiencia y evasión
fiscal, que afecta a gran parte de la población y reduce el potencial de la
economía. Por otra parte, el excesivo uso del efectivo se relaciona también con
importantes retos, como son el combate al lavado de dinero, la corrupción y la
criminalidad.
No
obstante, la infraestructura financiera registra importantes avances: de
acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el 89% de la población
habita en localidades en un radio de 4 kilómetros de un punto de acceso, el 92%
lo hace en municipios con al menos una sucursal bancaria y el 95% con acceso a
un cajero automático. Por su parte, en 2021 la tenencia de cuentas de ahorro
fue de 49.1% de los adultos y la de créditos formales de 32.7%, lo que
significó avances importantes desde los niveles de 2015 (cuando era de 44.1% y
29.1%, respectivamente).
Si bien
el sistema financiero debe seguir esforzándose por atender más y mejor las
necesidades de sus usuarios -y el gobierno seguir trabajando en combatir la
informalidad y sus causas-, los avances tecnológicos actuales nos sitúan frente
a una oportunidad para impulsar políticas públicas que reduzcan el atractivo y
la preferencia por el efectivo entre la población, que fomenten la adopción de
medios de pago alternativos, aprovechando las soluciones digitales que ofrecen
las entidades financieras tradicionales y las nuevas instituciones de tecnología
financiera.
Deben
generarse las condiciones necesarias para transitar a un ecosistema de pagos
digitales que, con altos niveles de competencia, beneficie a los usuarios. A la
entrada de nuevos participantes e iniciativas como CoDi, la participación indirecta
en el SPEI y las cuentas de depósito digitales sin comisiones, deben sumarse
incentivos fiscales que fomenten el uso y aceptación de medios de pago
distintos al efectivo entre los consumidores y pequeños comerciantes (IVA
preferente para los primeros, reducciones en el ISR para los segundos), así
como favorecer su uso en el pago de los servicios públicos de los diferentes
niveles de gobierno, del transporte público, nóminas y beneficios de programas
sociales.
El reto
es considerable y supone un trabajo coordinado entre gobiernos, autoridades
financieras, iniciativa privada y el sector financiero, pero los beneficios
para las familias, empresas, gobiernos y la población actualmente excluida bien
lo vale.
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