30/5/2022
Como
parte del paquete contra la inflación y la carestía (PACIC) que implementa el
gobierno federal para contener las presiones inflacionarias, se anunció la
supresión durante un año de aranceles en diversos productos alimenticios, entre
los que se encuentran la carne de ave (cuyo arancel es de 75%), limones,
naranjas, manzanas y maíz (20%) y las zanahorias y la leche (10%), entre otros.
Se ha
comentado mucho que el impacto de estas medidas en la inflación será limitado.
Coincido. Por un lado, estamos viendo una muy elevada inflación mundial en
alimentos como consecuencia del cambio climático, de los cuellos de botella en
las cadenas de distribución globales que trajo la pandemia y, más
recientemente, por el conflicto desatado por la invasión de Rusia a Ucrania, al
ser estos países de los principales productores de granos, de aceite de girasol
y de fertilizantes en el mundo. Siendo México, acertadamente, una economía muy
abierta, le será muy difícil aislarse de las presiones inflacionarias globales.
La mayoría de los productos agropecuarios son commodities, es decir, bienes con poca o nula diferenciación y que
por tanto se comercian con precios internacionales únicos. Los productores
agropecuarios en México son “precio-aceptantes” en cuanto no pueden alterar los
precios globales.
Por
otra parte, varios de los productos a los que se está exceptuando de aranceles
casi no se importan y su demanda se satisface mayoritariamente con producción
nacional.
El
problema de la inflación alimentaria es muy serio y traerá aumentos en la
pobreza a nivel global y conflictos sociales que pueden tornarse violentos. Las
soluciones no serán fáciles y llevarán tiempo. A medida que los cuellos de
botella cedan, y hay señales de que ello está ocurriendo, las presiones en los
precios van a disminuir. Pero también se requiere solucionar el conflicto en
Ucrania y, algo más complicado, revertir el calentamiento global. México debe
de ser parte de la discusión internacional para contribuir a enfrentar estos
temas.
Entre
tanto, habrá que instaurar apoyos sociales focalizados para proteger a las
familias de menos recursos que son las que pueden llegar a destinar la mitad o
más de sus ingresos a adquirir alimentos, evitando en todo momento caer en las
trampas de los controles de precios que siempre terminan en escenarios de
escasez y mercados negros.
Reconociendo
el efecto limitado que tendrán las medidas de liberalización comercial temporal
sobre la inflación, hay que reconocer que se trata de una acción acertada, que
me parece debería tornarse permanente después de un periodo de transición
gradual que permita la adaptación de los productores.
En su
versión temporal, la liberalización es buena medida por lo que toca a los
productos que más se importan y para los que sí tendrá un efecto de disminución
de precios.
Pero,
más importante, la reducción arancelaria puede mejorar sustancialmente la
productividad en el sector agropecuario mexicano. Los aranceles dan una
protección a los productores locales que puede que produzcan alimentos en los
que no son productivos. Esa es una de las razones por la que muchos de estos
granos se producen en México, aun cuando en otros países se cultivan a menor
costo. La reducción de aranceles generaría incentivos para que los productores
migren hacia productos en los que México sí puede ser mucho más competitivo.
Como
ejemplo, no tiene sentido insistir en la autosuficiencia del maíz cuando éste
se produce de forma mucho más eficiente en Estados Unidos que en México; sería
mucho mejor destinar esos recursos a fresas, aguacates, frambuesas y otros
productos en los que se tienen ventajas comparativas entre otros factores por
el clima que se tiene en nuestro país.
Se debe
aprovechar esta coyuntura para mejorar la productividad en el campo mexicano.
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