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La desigualdad regional en España
4/11/2019
Las regiones con menos ingreso deberían presentar las mayores tasas de crecimiento. El capital es escaso en las regiones menos favorecidas y, por lo tanto, presenta ahí una mayor rentabilidad. En teoría, esto debería incentivar que la inversión creciera en estas comunidades más que en territorios más ricos, permitiéndoles eventualmente converger a la media del país. Pero, ¿qué ha sucedido durante crisis y recuperación en España? Principalmente un proceso de divergencia, con algunas excepciones.
Por un lado, hay comunidades ricas que han incrementado su distancia respecto a la media, y por otro, hay regiones menos favorecidas que han perdido terreno.
En el primer grupo están Madrid y País Vasco. Estas dos comunidades autónomas mostraron avances del PIB per cápita en términos reales entre el 5 y el 6,5% entre 2007 y 2018, frente al 2,1% del conjunto de España.
El segundo grupo lo forman Andalucía, Asturias, Cantabria, Canarias y Comunidad Valenciana donde la variación va desde el estancamiento hasta una caída superior al 6,5% en el caso de las islas.
Este incremento en la desigualdad tiene su origen en el período de crisis. En particular, las regiones con menor ingreso sufrieron una mayor destrucción de empleo, sin que esto tuviera consecuencias diferenciales en el aumento que todas experimentaron en la productividad. Entre las razones detrás de lo anterior están ajustes sectoriales que fueron superiores a los observados en otras comunidades, o procesos de desapalancamiento más intensos.
Estos cambios se dieron sin que el redireccionamiento hacia sectores dedicados a la demanda externa pudiera compensar de forma significativa la fuerte destrucción de empleo o aumentar aún más la productividad.
Por otro lado, es destacable el comportamiento de Galicia y Castilla y León, comunidades que desde ingresos por debajo de la media en 2007, han elevado su PIB per cápita entre un 5,5% y un 8%. La evolución de esta medida de bienestar ha sido relativamente mejor, tanto en crisis como en recuperación. En todo caso, esto se da en un entorno en el que la población ha caído entre un 2 y un 4,5% en estas comunidades autónomas.
Esta tendencia de emigración, junto con el envejecimiento que se está produciendo, ponen en duda la sostenibilidad de este patrón de convergencia a medio plazo. Finalmente, el resto de regiones no han variado significativamente su posición de ingreso relativa.
De estas diferencias podemos sacar lecciones. Por ejemplo, que de cara a la próxima recesión, sería interesante estudiar el papel que puedan tener políticas de demanda regionales. Permitir medidas fiscales expansivas en áreas particularmente afectadas por el paro se puede explicar de varias maneras.
Por un lado, la probabilidad de encontrar un puesto de trabajo no es la misma dependiendo del lugar donde se reside.
Por otro, hay algunas comunidades autónomas donde a pesar de la elevada tasa de paro, los costes de emigrar parecen demasiado elevados (el coste de la vivienda en la ciudad de destino, por ejemplo), y otras donde incluso en un entorno favorable no existen las suficientes oportunidades para que los trabajadores se queden.
Finalmente, una parte importante de la divergencia entre comunidades autónomas a medio plazo puede provenir de las diferencias existentes en la productividad (y composición sectorial). Si esto se explica por falta de infraestructura o por un menor capital humano, las políticas públicas deberían tomarlo en cuenta, favoreciendo a las regiones con más carencias en ambos ámbitos.
En todo caso, hay que recordar que tanto la desigualdad, como las políticas encaminadas a reducirla, pueden generar tensiones entre regiones. Para formar un consenso alrededor de este tipo de medidas, sería recomendable avanzar en mecanismos que incrementaran la confianza sobre el uso de los recursos y fomentaran la solidaridad entre territorios.
Avanzar en un sistema de financiación autonómica transparente parece un paso obvio. Sin embargo, es igualmente importante desarrollar un sistema de rendición de cuentas y el desarrollo de mecanismos que evalúen la eficiencia del gasto que se realice.
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