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Columna invitada BBVA

Matías Daniel Cabrera (BBVA)



La reforma regulatoria en EU: de las palabras a los hechos

11/6/2018

Desde que Donald Trump asumió la presidencia en 2017, Estados Unidos se ha embarcado en un proceso de flexibilización y recalibración de su regulación financiera. Si bien este proceso no implicará un desmantelamiento de su marco regulatorio, ciertamente es la mayor revisión realizada desde la última crisis financiera.

Las reformas promovidas por el gobierno, que tienen su génesis en una serie de informes preparados por el Departamento del Tesoro, se han materializado a través de dos canales: cambios legislativos (que requieren la aprobación del Congreso), y cambios regulatorios (que sólo necesitan la aprobación de los reguladores competentes).

Dentro del primer grupo encontramos el reciente proyecto de ley aprobado por el Congreso el pasado 22 de mayo con el acuerdo de ambos partidos. Esta ley no da marcha atrás a la Dodd-Frank Act (la principal normativa surgida tras la crisis), pero sí implica suavizar la carga regulatoria, particularmente para los bancos más pequeños, y ciertos beneficios para las entidades medianas y grandes.

Por ejemplo, los bancos más pequeños se verán beneficiados con una exención de la Regla Volcker (es decir, aquella que prohíbe, entre otras cosas, la negociación de activos financieros por cuenta propia – proprietary trading en inglés).

Además, el umbral de activos para calificar a una supervisión reforzada (que implica condiciones más estrictas en lo relativo a requisitos de capital contingente o planes de resolución) asciende desde 50 mil millones hasta 250 mil millones de dólares, aunque la Reserva Federal podrá someter a este régimen más estricto a bancos con más de 100 mil millones de dólares en activos. Estos nuevos límites también servirán para determinar qué entidades estarán sujetas a las pruebas de estrés.

Finalmente, la normativa también propone cambios susceptibles de beneficiar a bancos de mayor tamaño como, por ejemplo, el reconocimiento de ciertos bonos municipales que servirán para computar a los efectos del cumplimiento de los requisitos de liquidez.

Si bien este cambio legislativo ha implicado un importante giro en materia de regulación, la reforma no ha sido todo lo disruptiva que el partido Republicano quería (de otra forma no hubiese contado con el apoyo del partido Demócrata). Por ejemplo, se dejan intactos la autoridad de la agencia de protección al consumidor financiero, la Regla Volcker para los bancos de mayor tamaño, o la autoridad de liquidación ordenada (OLA por sus siglas en inglés).

También existen cambios puramente regulatorios promovidos por las agencias competentes. Un claro ejemplo de ello es la propuesta publicada por la Reserva Federal para modificar la Regla Volcker. El objetivo es simplificarla, adaptando los requisitos a la situación de cada entidad. Por ejemplo, se modifican los requisitos dependiendo del tamaño que tiene la cartera de negociación de cada banco.

Así, las entidades financieras con una cartera de negociación significativa estarán sujetas a un programa de cumplimiento exhaustivo, mientras que los bancos con una cartera reducida estarán sujetos a una presunción de cumplimiento. Cabría mencionar, en cualquier caso, que este último grupo de bancos representaría sólo el 2% del total de actividades del sector.

En suma, los cambios propuestos facilitarán el cumplimiento de la Regla Volcker, y no implicarán una vuelta al mundo pre-crisis: el “proprietary trading” seguirá estando prohibido. Incluso Lael Brainard, miembro de Junta de Gobernadores de la Reserva Federal nombrada por la administración de Obama, ha apoyado los cambios reconociendo que estos la harán más eficiente.

De esta forma, la administración Trump está cumpliendo con su promesa de revisar la regulación financiera en Estados Unidos. Hasta el momento, los cambios regulatorios puestos en marcha parecen seguir el principio de proporcionalidad, reduciendo la carga principalmente en instituciones de menor tamaño, aunque también beneficiarán como hemos comentado a bancos más grandes.

Si bien mejorar la eficiencia y recalibrar los requisitos del marco regulatorio son objetivos loables, es importante destacar que no se debe caer en una espiral desregulatoria que pueda desembocar en una nueva crisis financiera.

Las consecuencias no deseadas de la regulación se deben analizar y solucionar, pero los altos estándares regulatorios siempre deben prevalecer.

Las reglas globales acordadas en foros internacionales deben ser respetadas, para evitar que la estabilidad financiera y la igualdad de condiciones entre bancos se vean comprometidas.

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